Sector de suerte y azar no apoyará campañas políticas

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Sector de suerte y azar no apoyará campañas políticas

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Ante el procurador general de la nación, Fernando Carrillo las empresas de la Asociación Colombiana de Operadores de Juego (Asojuegos), se comprometieron a no apoyar campañas políticas. Hecho que se desarrolló en el Congreso LAFT América (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo). La agremiación firmó un pacto de transparencia ante la Procuraduría General de la Nación.

El presidente de Asojuegos Juan Carlos Restrepo enfatizó: “Las empresas de apuestas permanentes no pueden participar en política, dado que son concesionarias del Estado para la explotación del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar. Cabe señalar que respetamos el fuero de cada quien, como personas naturales, a apoyar la opción política que deseen, pero las empresas, como empresas, no pueden hacerlo”.

En el documento que firmó Asojuegos se estipula: “No participar en política nacional ni territorial, ni los representantes legales o directivos de las personas jurídicas que actualmente tienen concesiones de juegos de azar”.

Luego de la firma, el Procurador señaló: “Este es un pacto por la transparencia por el cumplimiento de la ley de dejar tantos escenarios sombrías de la historia de Colombia. Aquí hay un gran compromiso con el sistema de salud del país por parte de los juegos de suerte y azar. Es la ratificación de que las cosas en Colombia tienen que cambiar y están empezando a cambiar, pensando en las nuevas generaciones”.

Restrepo explica que ese compromiso se adquiere para garantizar una debida operación de los juegos de suerte y azar y ratificar un compromiso gremial con el Estado.

Por su parte, Germán Segura, gerente general de Corredor Empresarial, empresa perteneciente a Asojuegos, afirmó que su empresa y todas sus marcas están firmemente comprometidas en la lucha del lavado de activos. “Contamos con códigos de ética y buenas prácticas que garantizan un manejo transparente de nuestros recursos y una vigilancia permanente, no solo por entidades reguladoras, sino dentro de nuestra organización. El sector ha desarrollado una transformación inmensa en los últimos años, trabajando en la formalización y tecnificación de nuestras plataformas”, concluyó Segura.

El pacto firmado ante la Procuraduría también contempla:

Estos fueron los compromisos adquiridos:

  1. Cumplir, acatar y defender el régimen propio de los juegos de suerte y azar.
  2. No participar en política nacional ni territorial, ni los representantes legales o directivos de las personas jurídicas que actualmente tienen concesiones de juegos de azar
  3. Buscar un relacionamiento transparente con todas las autoridades públicas.
  4. Fortalecer los Sistemas de Administración del Riesgo en contra del Lavado de Activos /Financiación Terrorismo LA/FT en todas las empresas del sector.
  5. Acatar los procedimientos licitatorios establecidos por el legislador en el Estatuto de Contratación Pública y las normas especiales que regulan la materia.
  6. Brindar al Estado la seguridad de cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de la operación de juegos de suerte y zar.
  7. Cumplir con los criterios de eficiencia señalados en su régimen propio.
  8. Cumplir con las condiciones del pacto.

Kienyke.comcontactó a la representante a la Cámara, Katherine Miranda quien aseguró: “En un país donde la corrupción es un hecho que nos roba a todos los colombianos 50 billones anuales, la financiación de las campañas políticas no debería ser un tema menor ni tener tantos vacíos jurídicos. En Colombia por mandato constitucional, en su artículo 109, y actos legislativos asociados se faculta realizar la financiación del proceso electoral en todas su fases por parte del Estado, sin embargo, resulta insuficiente la cantidad de dinero que se entrega a las campañas y partidos políticos, por eso los candidatos le solicitan a sectores y gremios privados financiación para sus campañas a cargos de elección popular”.

Para ella, la promesa de Asojuegos de no financiar campañas políticas en función a la transparencia es positivo, sin embargo, “el Estado aún no cuenta con el músculo económico para realizar un completo financiamiento a todo el proceso electoral. En mi opinión más allá de que los privados se abstengan a financiar campañas es urgente una reforma a la financiación electoral completa por parte del Estado que dé claridad y reglamente los futuros impedimentos”.

 

 

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