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Caer en la lista OFAC es condenar a una empresa a la muerte

Estar incluido en la lista OFAC, o también llamada lista Clinton implica ser lentamente “asfixiado”, paulatinamente se perderá acceso a los sectores financiero y real de la economía, este veto será extendido a familiares y amistades para evitar el riesgo de contagio, las empresas evitarán operar con este entorno, llegando en posteriores instancias a la pérdida de su movilidad a nivel nacional e internacional y este escenario será replicado en todos los países que acaten esta directriz.

La lista Clinton nació en 1995, en el Gobierno de Bill Clinton (por ende también se le conoce con este nombre), comprende una serie de listados emitidos por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés) que contiene personas, entidades, países y algunos bienes señalados de estar vinculados con actos y actividades ilícitas, entre ellos el narcotráfico y que con esto han afectado los intereses de Estados Unidos.

William Castellanos, director de cumplimiento del banco Pichincha, manifestó que la inclusión de una persona, natural o jurídica en la lista OFAC, a pesar de ser una orden administrativa de un gobierno extranjero, es cumplida por muchas empresas en Colombia, por temor al veto con la banca norteamericana, convirtiéndolo en una causal objetiva que autoriza la imposibilidad de acceder al circuito de la economía de manera discrecional.

En razón de las graves consecuencias económicas que se producirían en el sector financiero de aceptar u ordenar una vinculación comercial o jurídica con dichas personas y, además, en aras de garantizar el interés general de los clientes pertenecientes de la organización, pues se puede materializar el riesgo de contagio, el legal, el operativo y el reputacional al ser objeto de sanción por parte del gobierno Americano.

Figurar en lista OFAC implica estar fuera de la operatividad en muchos mercados, la prohibición de operaciones con ciudadanos americanos, o ingresar a dicho país. Así mismo, por estar en ella, el reingresar al circuito de la economía es muy costoso e implica muchos años.

A su vez, estar incluido en la lista Clinton es muy fácil, no se necesita ser condenado, ni estar inmerso en un juicio, ni siquiera tener una orden de un juez o contar con un proceso judicial en Colombia. Basta el solo reporte a la OFAC, por parte de alguna de las agencias de seguridad del Estado americano donde posean evidencia de vínculos con temas que impacten a dicho país.

Según Amílcar Gómez, oficial de cumplimiento del Grupo Réditos, la red transaccional y multiservicios de Antioquia, la OFAC obliga a los ciudadanos estadounidenses a abstenerse de iniciar o mantener relaciones de índole comercial, mercantil, de negocios, entre otras, con cualquier persona natural o jurídica que se encuentre en esta lista. Esto en teoría, solo es vinculante para los estadounidenses, sin embargo, dado que la relación podría darse a través de terceros extranjeros, caso de bancos fuera de Estados Unidos que mantienen relación de corresponsalía, la restricción se transfiere también a estos.

Esto se debe a la posible materialización del riesgo, pues estas personas efectivamente podrían usar al banco para ingresar recursos de origen ilícito, pero también se trata de un asunto de índole reputacional contrapuesto del principio de confianza y credibilidad en que se sustenta la actividad bancaria, haciéndola vulnerable. El motivo por el cual, estas listas a pesar de no ser vinculantes para Colombia, sí tienen efectos prácticos en las relaciones que las personas naturales y/o jurídicas tengan o pretendan tener, no solo con bancos, sino con casi cualquier entidad privada del sector real de la economía, a su vez, también enfrentan el riesgo de sufrir un bloqueo al acceso a los servicios financieros y comerciales, si mantienen relaciones de este tipo, las cuales se catalogan de “alto riesgo”.

Es elevado el número de personas naturales y jurídicas colombianas incluidas en tales listas y que han sufrido las consecuencias mencionadas. Se han presentado diferentes recursos buscando revertir decisiones de los bancos y de otras entidades, pero ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y concluyó que “el solo hecho de que una persona figure en la lista Clinton, sin que haya sido condenada o esté siendo investigada por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia, es una causal objetiva que autorice la imposibilidad de acceder al sistema financiero” sentencia SU-167/99. Allí se hace una clara diferenciación respecto a otros servicios a los cuales no aplicaría, específicamente servicios esenciales relacionados especialmente con derechos constitucionales, como la salud.

Lo anterior fue ratificado mediante la sentencia T-468 de 2003, y en el mismo sentido se han pronunciado otros entes como la Supersociedades a través del oficio 220-021951 del 21 de marzo de 2019 referenciado como “INCLUSIÓN DE UNA SOCIEDAD EN LA LISTA CLINTON”.

La Supersociedades manifestó cómo al estar dentro de una lista de autoridades internacionales una sociedad pierde la capacidad de operar en el comercio. En efecto, la Superintendencia se pronunció al respecto: “existe la posibilidad de que una sociedad quede en situación de no poder desarrollar su objeto social por ser incluida en la Lista Clinton, toda vez que esta designación puede implicar en que otras personas naturales o jurídicas decidan no relacionarse con ella motivados en prevenir el LA/FT”.

Lo anterior significa que la inclusión en estas listas tiene como consecuencia, sin recurso de apelación, el bloqueo del acceso al sistema financiero y a una alta posibilidad de que sufra la negación de servicios por parte de otras entidades del sector real que teman el riesgo de sufrir las mismas consecuencias por este solo hecho, pero una de las consecuencias con mayor impacto es la pérdida total de la reputación y el buen prestigio, pues así la empresa o la persona logre salir de la lista OFAC, tendrá un trabajo arduo al intentar recuperar la confianza de sus clientes y todas las relaciones que tenía preestablecidas. En Colombia hay más de 800 empresas incluidas en tales listas y algunas han logrado sobrevivir, pero no la gran mayoría.

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